El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de Air-e, empresa distribuidora de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, con el objetivo de integrar sus activos a una nueva empresa pública caribeña. Esta decisión se da tras casi dos años de intervención estatal que no logró sanear las finanzas de la compañía, cuya deuda escaló de $530.000 millones a $2,3 billones. Gremios y veedurías han manifestado su preocupación, calificando el anuncio como irresponsable, ilegal y carente de sustento jurídico, advirtiendo sobre un posible riesgo de apagón automático en la región. La Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air-e, conformada por gremios y cámaras de comercio, señaló que cualquier fusión requiere trámites largos y que los acreedores tienen mecanismos legales para oponerse. Advierten que la liquidación sin un operador de reemplazo, sin resolver las deudas acumuladas y sin una ruta jurídica clara genera incertidumbre. La situación se agrava ante la proximidad del fenómeno de El Niño, que demanda estabilidad en el sistema eléctrico. Representantes de gremios como Andeg y la Liga Nacional de Usuarios han criticado la improvisación del Gobierno y la falta de gestión para encontrar un operador idóneo. Señalan que la liquidación sin un plan de pago a generadores y transmisores, que suman una deuda de $2,5 billones, enviaría malas señales al mercado y podría comprometer la estabilidad del sistema eléctrico. Se cuestiona la viabilidad de fusionar Air-e con Gecelca o de que empresas estatales asuman la operación por falta de capacidad financiera.

Análisis político

La estrategia política del presidente Petro se centra en señalar a "sectores políticos ligados a la familia Char" y al "Congreso" por supuestamente bloquear iniciativas para resolver la crisis energética del Caribe, como la "socialización nacional de pérdidas de energía". Al anunciar la liquidación de Air-e y proponer una nueva empresa pública, busca presentar una solución gubernamental directa, al tiempo que construye una narrativa de confrontación con élites regionales y el legislativo. La propuesta de integrar activos de Air-e con "otra empresa pública caribeña" y el impulso al programa "Colombia Solar" buscan posicionar su administración como impulsora de energías limpias y empresas estatales, contrastando con la gestión previa de Air-e bajo intervención. Con esta decisión, el sector privado, representado por gremios como Andeg y la Veeduría Ciudadana, se posiciona como crítico de la gestión gubernamental, advirtiendo sobre riesgos jurídicos y operativos. Estos actores ganan visibilidad al alertar sobre las consecuencias negativas de la medida, defendiendo la estabilidad del mercado y la seguridad energética. El Gobierno, por su parte, busca capitalizar políticamente la intervención y la propuesta de una nueva empresa pública, aunque enfrenta el riesgo de ser percibido como irresponsable o improvisado si la situación empeora. La familia Char y congresistas de la región pierden al ser señalados directamente como obstáculos para la solución de la crisis.

El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de Air-e, empresa distribuidora de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, con el objetivo de integrar sus activos a una nueva empresa pública regional. Esta decisión se toma tras casi dos años de intervención estatal que no logró sanear las finanzas de la compañía, cuya deuda escaló de $530.000 millones a $2,3 billones. Petro argumentó que sectores políticos ligados a la familia Char han impedido iniciativas para atender la crisis energética. Gremios como la Veeduría Ciudadana y la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) han manifestado su preocupación, calificando el anuncio como irresponsable, ilegal y sin sustento jurídico. Advierten que la liquidación sin un operador de reemplazo y sin un plan claro para saldar las deudas acumuladas podría poner en grave riesgo la seguridad energética de la región Caribe, especialmente ante la llegada del fenómeno de El Niño. La Veeduría Ciudadana señaló que la propuesta de fusionar Air-e con Gecelca presenta inconvenientes financieros y jurídicos, y que la deuda actual con generadores y transmisores asciende a $2,5 billones. Se cuestiona la viabilidad de la medida a pocos meses de la entrega del mando presidencial, y se insta a las autoridades a actuar con responsabilidad institucional para evitar comprometer la estabilidad del sistema eléctrico.

Análisis político

La estrategia política del presidente Petro se centra en la intervención directa del Estado para resolver una crisis de infraestructura y financiera en el sector energético del Caribe, atribuyendo los problemas a bloqueos de sectores políticos y empresariales. Busca reestructurar el servicio con una nueva empresa pública y programas como Colombia Solar, presentando la liquidación de Air-e como una solución necesaria ante el fracaso de la intervención previa y la supuesta obstrucción de la familia Char y congresistas afines. El presidente Petro y su gobierno se posicionan como quienes buscan soluciones definitivas frente a un problema histórico, mientras que los gremios y algunos sectores políticos (como el Centro Democrático) critican la improvisación y la falta de rigor jurídico, advirtiendo sobre las consecuencias negativas para la seguridad energética y la confianza del mercado. Los gremios, al alertar sobre el riesgo de apagón y la falta de sustento legal, construyen una narrativa de irresponsabilidad gubernamental y ponen en duda la capacidad del Estado para gestionar eficientemente el servicio, buscando proteger los intereses del sector privado y la estabilidad del sistema.

El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de Air-e, empresa encargada de la distribución de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, tras considerar que la intervención estatal de casi dos años no resolvió su crisis financiera y operativa. La medida busca reorganizar el sistema eléctrico regional mediante una nueva estructura pública, integrando los activos de Air-e a otra empresa pública caribeña. Petro criticó la falta de inversión histórica en infraestructura y señaló a sectores políticos y antiguos operadores por los problemas, mencionando bloqueos a propuestas de socialización de pérdidas en el Congreso y la justicia. La decisión presidencial generó alerta en el sector gremial, con la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) advirtiendo que una liquidación podría dejar automáticamente sin servicio a 1,3 millones de hogares en la Costa Caribe. El gremio señaló que el Gobierno no ha gestionado un operador sustituto idóneo y que las empresas públicas carecen del músculo financiero para asumir la operación, que registra pérdidas mensuales significativas. Andeg también destacó que Air-e acumula una deuda de 2,5 billones de pesos con el sector eléctrico, y que una liquidación podría enviar una señal negativa a los acreedores y desestabilizar las finanzas del sistema interconectado. Paralelamente, el mandatario destacó el programa Colombia Solar, con 8 billones de pesos aprobados para expandirse en la Costa Caribe, buscando impulsar la autogeneración y reducir pérdidas. Esta iniciativa se suma a la propuesta de usar regalías para financiar energías limpias. La liquidación de Air-e abre una nueva etapa en la discusión sobre el modelo de prestación del servicio eléctrico en una región históricamente afectada por problemas de cobertura, pérdidas y altas tarifas.

Análisis político

La estrategia política del presidente Petro se centra en la estatización y reorganización del sector energético de la Costa Caribe, presentando la liquidación de Air-e como una solución estructural a problemas de años. Busca capitalizar el descontento con el servicio actual y culpar a "sectores políticos" y "antiguos operadores", incluyendo a la familia Char, por los bloqueos a sus propuestas, construyendo una narrativa de lucha contra intereses establecidos. La propuesta de una nueva empresa pública busca consolidar el control estatal sobre un servicio esencial y avanzar en su agenda de transición energética con programas como Colombia Solar. Con esta decisión, el Gobierno busca ganar apoyo en la región Caribe, presentando una alternativa a la gestión privada y a la intervención estatal fallida. Los gremios del sector privado, como Andeg, y posiblemente sectores políticos opositores, pierden influencia y ven amenazados sus intereses económicos y su modelo de negocio. La narrativa oficial posiciona al Gobierno como el actor que intenta resolver una crisis heredada y que enfrenta resistencias, mientras que los críticos advierten sobre riesgos de inestabilidad financiera, apagones y un manejo irresponsable de los recursos públicos, construyendo una narrativa de advertencia sobre las consecuencias de las decisiones presidenciales.